¿Primera señal perturbadora de que la derecha chilena en el gobierno comparte objetadas propensiones uribistas, o según el caso, chavistas, de no respetar la separación de poderes cuando ésta no responde a sus objetivos políticos?

En este caso se trata de intervenciones del ejecutivo en el poder judicial, vía presión sobre el Ministerio Público.

La carta de Gonzalo Rodríguez, presidente de la Asociación de Defensores Penales Públicos es precisa. Señala, en pocas palabras, tres casos que ilustran la tendencia.

La Tercera, 02/06/2010, extracto.-

Sr. Director:

El ímpetu por cumplir con promesas de campaña puede llevar a las nuevas autoridades a violentar los equilibrios que tiene nuestro sistema democrático. Pues bien, en estas semanas hemos observado con preocupación tres señales que van en el sentido contrario a la división y contrapeso de los poderes reseñada.

Primero, se anunció por el ministro de Justicia que se pretende realizar una 'auditoría' en el Ministerio Público, con el objeto de determinar cuáles son los criterios que ocupan los fiscales para la persecución de los delitos. Segundo, al reactivar la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, se colocó dentro de los puntos de la tabla a tratar el 'uniformar' los criterios de actuación entre el Ministerio Público y los tribunales para, entre otras cosas, la aplicación de la detención o la prisión preventiva.

Por último, la pública desaprobación que le otorgó el ministro del Interior a la resolución de un magistrado, en contra de un ciudadano paquistaní acusado de portar explosivos, y la publicación por los medios de prensa que el gobierno considera que esa resolución debe apelarse por la fiscalía, cuestión que al final se hizo, lo que, en definitiva, terminó con la prisión preventiva de Mohamed Saif Ur Rehman Kahn.

Estas tres señales dan cuenta de una tendencia del gobierno por 'uniformar' al Ministerio Público y al Poder Judicial con sus propios criterios persecutores. (...)